La proliferación en los últimos años de las estaciones de servicio de carburantes desatendidas en España -ante la pasividad, cuando no la connivencia de los Gobiernos y autoridades públicas-, ha supuesto un grave perjuicio para las personas con discapacidad ya que han visto cómo les era negado el acceso a un servicio básico, tanto por la falta de accesibilidad de las mismas, como por la inexistencia de personal para ser atendidas.

 

Este hecho no solo ha dañado a las personas con discapacidad, grupo social severamente castigado en su participación comunitaria, sino también a los derechos de las personas consumidoras en general, y de quienes prestan sus servicios en estas instalaciones, que han sufrido una reducción en el empleo en términos muy preocupantes.

 

Ante esta situación alarmante de retroceso social y de derechos, el CERMI ha venido actuando, en el plano europeo, español y autonómico, exigiendo legislación protectora que obligue a que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal que atienda especialmente a los consumidores con discapacidad y mayores que lo requieran.

 

Para justificar esta demanda, aportando argumentos jurídicos, sociales, operativos y hasta económicos, el CERMI ha elaborado este amplio informe que acredita sobradamente que el modelo de estaciones de servicio sin personal vulnera la legislación europea y española y debe ser impedido, reorientándolo por vía legal, plenamente respetuosa de los principios y mandatos tanto de los ordenamientos de la Unión Europea como de la española, a un modelo accesible e inclusivo, que no segregue no excluya por razón de discapacidad, comprometiendo el derecho básico humano a la libre circulación y a la movilidad.

 

El nuevo título del CERMI se ha editado en la colección cermi.es, que llega a su número 77.